PERSISTE CONFLICTO ENTRE EL ESTADO DE CHILE Y EL PUEBLO MAPUCHE.

“Arauco tiene una pena más negra que su chamal ya no son los españoles los que les hacen llorar, hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan. ¡Levántate Pailahuán!” (“Levántate, Huenchullán, Violeta Parra) 

La madrugada del 04 de enero de 2013 fallecieron calcinados el empresario agrícola Werner Luchsinger y su esposa Vivianne Mckay, ambos de más de 70 años. Los hechos ocurrieron alrededor de la una de la madrugada cuando su casa ubicada en una parcela del sector de Vilcún, Región de la Araucanía, fue atacada por desconocidos que la incendiaron. El anciano dueño de casa intentó repeler el ataque aparentemente premunido de un rifle de caza, mientras que su esposa tomaba contacto con la policía. Se desconocen las circunstancias acerca de por qué no pusieron a resguardo sus vidas, habiendo tenido en apariencias, la oportunidad de desplegar una serie de acciones tanto defensivas como de auxilio.

El día previo, 03 de enero, se cumplieron cinco años de la muerte del joven estudiante universitario mapuche Matías Catrileo, a manos de un efectivo de Carabineros de Chile, quien resultó sentenciado por la Corte Marcial –que juzga delitos cometidos por uniformados en actos del servicio- a la pena de tres años y un día de libertad vigilada, de modo que aún se mantiene en funciones en la citada institución policial.

No es común, y así lo han afirmado los distintos voceros del movimiento de reivindicación mapuche, que ellos utilicen como estrategia la agresión directa sobre las personas, actuando más bien sobre bienes muebles e inmuebles de quienes identifican como usurpadores de su territorio. En concreto, acciones como esta última se enmarcan en la declaración de guerra que la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) formuló al Estado de Chile el día 20 de octubre de 2009, siendo los objetivos principales haciendas agrícolas, casas y establos, maquinaria agrícola y forestal, bosques, cortes de caminos y, en pocos casos, apedreos a buses y vehículos que se movilizan por las carreteras de la Araucanía. Muchos de estos atentados son reivindicados por los distintos grupos y comunidades mapuche, mientras que no pocos son denunciados por ellos mismos como montajes del gobierno y las policías.

Lo cierto es que ni los sucesivos gobiernos de la coalición de izquierda post dictadura de Pinochet (Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet), pudieron morigerar los efectos del descontento social que impera en las comunidades mapuche de la Araucanía. Al igual que el actual gobierno del derechista Sebastián Piñera, los abordajes han sido predominantemente jurídicos, invocando el Estado de Derechos y el imperio de la justicia frente a la muerte de comuneros mapuches como ante los sucesivos e interminables atentados. Hoy en día el gobierno culpa a los tribunales de justicia por no actuar con suficiente dureza, en tanto que desde la otra vereda, los movimientos sociales mapuches pugnan contra el aparato policial y el Ministerio Público, como agitadores los unos y provocadores los otros, especialmente frente a la invocación de la Ley Antiterrorista para ventilar las causas judiciales. Pues, este resabio de la dictadura de los años 70 y 80, aún permite que los castigos y condenas de quienes por ella sean sancionados, resulten incomparablemente altas en relación al sistema de justicia ordinaria. A ello, se suma que frente a los inevitables enfrentamientos verbales o corporales entre comuneros y fuerzas policiales uniformadas, cada vez que se realizan allanamientos en las comunidades mapuche, estos pese a su condición de civiles son juzgados bajo régimen castrense, ya que los delitos tanto que acometan como de los cuales sean víctimas los policías uniformados en acto de servicio, se ventilan en juzgados militares, donde evidentemente no existiría imparcialidad e igualdad frente a la Ley. Esto último resulta de vital importancia para contextualizar y comprender la muerte del matrimonio Luchsinger Mckay y los cinco años del homicidio del estudiante mapuche Matías Catrileo. 

Finalmente, el gobierno chileno ha convocado una reunión en la propia Región de la Araucanía, dando cita a ministros de estado, autoridades regionales y a los altos mandos policiales. Su mejor respuesta, como ha sido la tónica desde siempre, duras sanciones, más policías, unidades de inteligencia, infiltración, interceptaciones de telecomunicaciones, persecución penal eficaz; pero como quizás diría Violeta Parra: “de mejor distribución del pan, nada”. Allá donde haya injusticia, no podrá reinar la paz.

Rodrigo Torres Vicent